La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ha comenzado a trabajar en la defensa judicial de una asociada de la organización víctima de un fraude bancario, cuya consecuencia ha sido la sustracción de 28.350 euros de sus cuentas bancarias, pertenecientes a la entidad ING Bank.
A finales de noviembre de 2025, M.G, recibió en su teléfono móvil un sms cuya remitente supuestamente era su entidad bancaria, ING. En el mismo se le indicaba un código para formalizar una supuesta transferencia de 5.393,84 euros. A su vez se le indicaba que si no reconocía la operación procediera a llamar a un número que en teoría correspondía al departamento de seguridad de la entidad. Dando credibilidad al texto y con la intención de cancelar esa operación, se procedió a llamar al número indicado.
Esa llamada fue atendida por una persona, perteneciente en teoría al departamento de seguridad de ING, que, tras exponerle M.G el contenido del sms recibido, le indica que ha sido víctima de un fraude y que debe meterse en sus cuentas bancarias para cancelar la operación, procediendo este supuesto profesional a darle indicaciones para la cancelación de las transferencias. M.G, entendiendo en todo momento que su interlocutor es realmente ING va siguiendo los pasos que le indica, realizando varias transferencias bancarias a un número de cuenta. Sin ser realmente consciente de la realidad, terminó realizando cinco transferencias cuyo importe total alcanzó los 28.350 euros.
M.G se dio cuenta del engaño cuando, tras un fallo en una transferencia, el supuesto profesional de ING le pregunta si tiene otras cuentas bancarias, a lo que la afectada le dijo que sí pero en otra entidad y que para acceder tenía que hablar con su marido. Es entonces éste, al escuchar de fondo cómo se estaba produciendo el mismo fraude a otras personas, sospecha del mismo y corta la comunicación.
Los afectados llegaron incluso a recibir amenazas de robo en su casa, con la excusa de que los supuestos estafadores tenían todos sus datos, sino se continuaba con el procedimiento de envío de transferencias.
La afectada contactó de inmediato con su entidad bancaria para denunciar los hechos y proceder al bloqueo de las transferencias. Posteriormente se interpuso la correspondiente denuncia por fraude ante la Policía Nacional.
No obstante, a pesar de la evidencia de que la reclamante fue victima de un fraude, conocido además como “smishing” (técnica que consiste en el envío de un sms por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una empresa legítima con el objetivo de acceder a información privada, como datos personales o bancarios. Normalmente este mensaje invita a llamar a un número de teléfono o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto), la entidad bancaria no se responsabiliza de los hechos argumentando que las transferencias fueron realizadas por M.G de manera consciente y que la entidad intentó retroceder las mismas, sin éxito (cabe precisar que, tras conocer los hechos, la entidad tardó tres días en actuar).
CONSUMUR manifiesta su firme oposición a la respuesta ofrecida por ING, dado que los usuarios se encuentran protegidos legalmente ante los fraudes digitales y las entidades bancarias deben asumir su responsabilidad ante situaciones como la acontecida, así lo viene avalando cada vez más la jurisprudencia española, prueba de ello es la sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril, que subraya la importancia de la diligencia bancaria, la validez del consentimiento y la nulidad de cláusulas abusivas.
Por todo ello, el equipo jurídico de la organización se encuentra actualmente trabajando para defender los derechos de la asociada a través de los Tribunales de Justicia.
CONSUMUR insta a los consumidores y usuarios que se hayan visto afectados por situaciones similares u otras en las que consideren que sus derechos han sido vulnerados, a que se unan a la organización e interpongan la correspondiente reclamación.
